DECLARACION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNOPalacio de La Moncloa, 7 de octubre de 2008
Comparezco ante ustedes para anunciar las medidas que el Gobierno ha decidido adoptar, tras la conclusión de la reunión mantenida en los días de ayer y de hoy por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, más conocido como ECOFIN.
Como consecuencia de los acontecimientos que, iniciados en Estados Unidos hace ya más de un año, afectan a la economía financiera internacional, Europa está viviendo en las últimas semanas una situación de graves dificultades que ha provocado situaciones de quiebra, nacionalizaciones o necesidades de inyección de capital en determinadas instituciones financieras.
El Gobierno español ha venido trabajando con sus socios europeos y con la Comisión con el fin de actuar de una forma coordinada para asegurar la estabilidad del sistema financiero europeo. Muestra de ello son las posiciones que hemos mantenido en la reunión de hoy mismo en el ECOFÍN, a través del Vicepresidente Económico.
Lo hemos hecho así porque siempre pensamos que lo mejor ante cualquier problema que nos afecta a todos es lograr la posición común de los países de la Unión Europea.
Lo hemos hecho así, también, porque no teníamos la urgencia que han padecido otros países.
El sistema financiero español, los Bancos y las Cajas españolas, aun en un contexto tan complicado como el actual, han evidenciado su solvencia, su solidez. Es el fruto de una línea de comportamiento profesional, prudente y eficaz, mantenida ejemplarmente bajo la dirección, regulación, supervisión y apoyo del Banco de España.
Ahora, concluido el ECOFÍN y siguiendo las recomendaciones adoptadas ya por el mismo, el Gobierno ha resuelto fortalecer el sistema español de garantía de depósitos elevando la protección de los existentes en los Bancos y Cajas españolas hasta 100.000 € por titular y entidad.
Es una medida de confianza en nuestras entidades financieras. Y es una medida con la que los ciudadanos y las empresas pueden confiar plenamente en la garantía de sus ahorros, que están plenamente a salvo. Si hay algún sitio en dónde los ahorros están a salvo, los ahorros de los españoles, es en las entidades financieras españolas.
Además, en un momento extraordinario como el que estamos viviendo, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad para con el país, sus empresas y los ciudadanos. Quiero hacerlo con medidas igualmente extraordinarias que respondan adecuadamente a los retos que ahora se nos plantean.
Todas las economías europeas se están viendo afectadas por el mal funcionamiento de los mercados interbancarios y de crédito, que dificultan la captación de recursos por parte de las entidades financieras y provocan, por tanto, una importante restricción crediticia a empresas y familias.
Este es un fenómeno que afecta particularmente a nuestra economía, dadas las necesidades de financiación que comporta el incremento de la actividad producido en nuestro país durante los últimos años.
Es esencial, en este sentido, que, ante esta situación de restricción del crédito, el Gobierno contribuya a facilitar la financiación de empresas y ciudadanos por parte de las entidades financieras españolas.
El crédito hace que una economía pueda funcionar. Sin crédito no hay inversión. Y sin inversión no hay actividad económica hoy, ni habrá crecimiento y creación de empleo mañana.
Por ello, el Gobierno ha tomado una segunda decisión de gran calado: crear un Fondo con cargo al Tesoro para apoyar la financiación del sistema financiero con una aportación de 30.000 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 50.000 millones de euros.
Este Fondo adquirirá de las entidades financieras, con carácter voluntario por parte de las mismas y con criterios de mercado, activos españoles de máxima calidad, para garantizar que, a través de ellas, y con un horizonte temporal suficiente, la financiación llegue a empresas y ciudadanos, para mantener la actividad económica y el empleo.
La operativa de este Fondo se apoyará en los principios siguientes:
El Fondo solo asumirá activos de máxima calidad, mediante unos precios o remuneraciones plenamente ajustados al riesgo. Con ello, se cumplirán dos objetivos, primero, minimizar el coste para las finanzas públicas y, segundo, evitar una subvención a las entidades de crédito.
El objetivo fundamental es propiciar el buen funcionamiento de los mercados crediticios españoles sobre la base de prácticas sanas y prudentes, mitigando los peligros de un racionamiento indebido del crédito.
Su actuación será estrictamente temporal hasta tanto los mercados hayan recuperado su normal funcionamiento, y en las operaciones se deberán de aplicar las mejores prácticas regulares de mercado y propiciar su restablecimiento.
La actuación del Fondo será compatible con las normas del Mercado Interior Europeo, ofreciendo las facilidades a todas las entidades residentes en España, en las mismas condiciones y sin más limitación que los activos que se refinancien sean españoles.
Su extinción se producirá de forma natural a medida que se normalicen los mercados, graduando su intensidad a través de las condiciones en que se ofrecen a las entidades
A diferencia de lo que ha ocurrido con los planes adoptados en otros países, ésta no es una iniciativa ni para rescatar ni para sanear nuestro sistema financiero. Es una iniciativa para prevenir riesgos, sostener la actividad productiva y el crédito, para que las empresas y los ciudadanos sigan financiándose. Es una iniciativa, por tanto, a favor de ciudadanos y de las empresas, a favor de la economía y del empleo.
El Tesoro no comprará activos tóxicos, sino sanos. No vamos a resolver problemas de solvencia que, afortunadamente, no se dan en nuestro caso, como ha quedado acreditado después de lo que hemos visto en las últimas semanas.
Vamos, por tanto, a dar una inyección para la financiación de las necesidades de empresas y ciudadanos, hasta que los mercados vuelvan a funcionar normalmente.
Con esta decisión estamos reafirmando la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema financiero y estamos haciendo una apuesta, un compromiso decidido, por el mantenimiento de la actividad económica.
Es una confianza a la que deben responder a partir de este momento las entidades financieras, aprovechando las facilidades de que van a disponer a partir de ahora y favoreciendo, en consecuencia, el normal desarrollo de las relaciones crediticias para particulares y empresas.
Podemos adoptar esta iniciativa sin ningún problema por el nivel comparativamente bajo de la deuda española, gracias al esfuerzo de reducción de la misma realizado en los últimos años que, como saben, se sitúa 20 puntos por debajo de la deuda media europea.
En los próximos días, el Consejo de Ministros formalizará las nuevas medidas a través de las decisiones oportunas.
El Gobierno remitirá a la Comisión Europea el contenido de estas medidas, para su conocimiento. He informado al líder de la oposición de mi decisión, hace unos minutos y, en breve, me reuniré con los agentes sociales, para detallarles su alcance.
Por su parte, el Vicepresidente Económico informará mañana a los representantes de las entidades financieras -y también, a partir de mañana, a los representantes del PP- de los detalles técnicos de las decisiones que hoy les anuncio.
El Gobierno ha venido adoptando las respuestas que le han parecido más adecuadas para afrontar la cambiante evolución de la situación económica internacional y española.
Ahora vuelve a hacerlo con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos, reafirmar la estabilidad de nuestro sistema financiero, favorecer la economía productiva y, así, defender e incrementar el empleo.
Este es el compromiso que seguirá marcando la actitud y la actuación del Gobierno en el futuro y espero, para ello, contar con la colaboración de las fuerzas políticas, de las organizaciones representantes de trabajadores y empresarios y, lógicamente, del sistema financiero.
